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Escrito por Maria Galindo   
Miércoles 17 de Enero de 2018 00:00

Maria Galindopor Maria Galindo

El pedido de abrogación del nuevo Código Penal, aprobado a la rápida, de espaldas a la sociedad y en la cara de protestas sociales que pedían su revisión, su abrogación y su discusión, va más allá del código.

Es una protesta que acumula al mismo tiempo la bronca por el fallo del anterior Tribunal Constitucional, que llegó a definir el derecho a perpetuarse en el poder como derecho humano;por el conjunto de pisoteos a la voluntad popular que representaron las elecciones judiciales, desde la selección de postulantes, el manejo de la información, el ninguneo del triunfo del voto nulo y la posesión de autoridades, por parte del Presidente,

y la promulgación del Código Penal por el presidente interino Álvaro García Linera, en un acto monárquico, anunciando que era irreversible, como si su palabra fuera la última, después de la cual debemos responder colectiva y sumisamente: amén.

Todas esas broncas juntas dan como resultado el surgimiento de un descontento social generalizado de expresiones múltiples y dispares que no tienen ni una voz única, ni una composición única tampoco. No se puede decir que es un descontento de la clase media exclusivamente, y pretender que es así es no ser capaces de ver y medir la profundidad del descontento social.  Se trata de una protesta que pone en cuestión la legitimidad misma del Gobierno, la palabra y la autoridad de la palabra del Gobierno. Por eso Evo Morales, cobijado en el Conalcam, está intentando retroceder disimulada y erráticamente, primero suspendiendo el artículo 205, luego derogándolo y ahora, en vez de derogar el Código, suspendiéndolo para sofocar un descontento que crece y crece.

Pero en esta columna no me interesa hacer un análisis de la composición de la protesta antievista.
Me interesa hacer un análisis de lo que este descontento representa al interior de los dueños de la “política” en Bolivia.

Nos han venido repitiendo de manera cargosa que la Asamblea Legislativa Plurinacional ha resuelto la representación de las mujeres con una cuota meramente biológica, que alcanza el 54% de la composición del Parlamento, y que también la diversidad supuesta de la composición de la bancada del MAS resolvía la cuestión del acceso a la representación política.

No sólo la representación de las mujeres es una impostura, sino la representación indígena también, al punto que tienes diputados que se atribuyen la representación hasta de seis pueblos indígenas, lo cual es un absurdo, pero han sido elegidos por el dedo de García Linera o Evo Morales.

En la bancada del MAS hay un exejecutivo de la COB, como pedro Montes; sin embargo, la COB está hoy por la abrogación del Código. Hay transportistas, cooperativistas y todo tipo de exintegrantes de organizaciones sociales que en los hechos no tienen la capacidad política de representarlas.

Lo que este conflicto de autoridad legislativa expresa es que lo que no hay hoy en el sistema de partidos políticos en Bolivia es justamente representación política. Es el fracaso del sistema partidario.

Los y las integrantes de la bancada del MAS no les sirven al pueblo para nada, lo irónico es que al MAS tampoco le sirven para nada. La idea tan gastada de socializar es un chiste en boca de un parlamentario hombre o mujer, que está ahí calentando el asiento, sin visión propia, sin nexo con sus organizaciones, sin ideología, sin agenda propia..

El Parlamento es un mamotreto de la democracia donde no hay discusión política ni deliberación y donde la palabra de los y las de afuera no cuenta para nada. El Parlamento es el monumento a la sordera del poder. El Parlamento es el asiento de los patrones de la política, de los y las que nos expropian los sueños colectivos, es el lugar de los que se apropian y monopolizan el derecho de hacer política.

Hoy en Bolivia, en los hechos no hay representación política. Este conflicto no termina siquiera en la derogación del nuevo Código Penal, sino que es un conflicto cuyas raíces están más hondo todavía, es un conflicto que vuelve a poner en juego la legitimidad entera de todo el sistema político formal, no para sustituir unos actores por otros, sino para poner en cuestión el lugar de la voz de la sociedad en la administración del Estado.

 

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