por Rolando Morales Anaya

El ingreso y gasto del Sector Público No Financiero (SPNF) se acercan al 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) otorgando al Estado un rol protagónico en la economía por lo que corresponde prestar atención a la forma cómo se distribuye, a la eficiencia con relación al objetivo buscado, a la equidad intergeneracional y a la transparencia.

Desde los años 50 del siglo pasado, Bolivia busca diversificar su economía invirtiendo parte de los recursos proporcionados por la explotación de minerales e hidrocarburos al desarrollo de la agricultura y de la manufactura.

El actual plan nacional de desarrollo plantea el mismo objetivo contrastando con los gobiernos anteriores que proponían la abstención del Estado en la economía y la focalización de la inversión en infraestructura. Sin embargo, el presupuesto 2010 no va a contribuir a diversificar la economía pues destina el 25 por ciento a la minería y a los hidrocarburos y el 42 por ciento a la infraestructura de transportes y energía. Estas inversiones consumen dos terceras partes del presupuesto de inversión, dejando cantidades mínimas para los otros sectores, en particular para la industria (0.9 %) y para la agropecuaria (6.7 %).

La inversión en hidrocarburos debería estar acompañada del aumento de su eficiencia, pues se presume que parte de los problemas del sector se origina en la deficiente administración. Sin negar que es necesaria esa inversión, se requiere invertir más en el desarrollo de producciones sostenibles tanto por consideraciones de equidad intergeneracional como para proteger las arcas fiscales de la volatilidad de los precios y de su disminución permanente y definitiva como consecuencia del agotamiento de reservas.

La eficiencia de las inversiones públicas exige, como requisito elemental, que sean precedidas de estudios actualizados de factibilidad. El último estudio que se hizo para la explotación de Mutún data de 1985 y es desconocido por los tomadores de decisión. La posible explotación de litio carece de una investigación previa. Puede que sean interesantes las inversiones en las fábricas de papel en el Chapare y de cartón en Oruro, pero no se tiene la información necesaria para juzgar su pertinencia. Algo similar puede señalarse con relación a las nacionalizaciones cuyos costos podrían haber servido para el financiamiento de inversiones en otros sectores de la economía.

La forma segura de evitar la inflación es conteniendo el gasto, pero no significa que si no se lo hace, haya inflación, pues en gran medida depende de su asignación y del tiempo que tome calzar la oferta al incremento de la demanda que provoque. Ello significa realizar inversiones con tiempos cortos de maduración, por ejemplo, en la agropecuaria y la manufactura que tendrían la ventaja de volver rentables a las millonarias inversiones en infraestructura caminera. Incluso las inversiones en sectores sociales deberían estar acompañadas de estudios previos que avalen su pertinencia.

En el afán de garantizar la estabilidad de precios, las autoridades fiscales han elaborado un presupuesto sobre hipótesis prudentes y han previsto reservas para hacer frente a emergencias. Por ejemplo, el precio del barril de petróleo, que guía el precio de exportación de gas, ha sido estimado en 61.3 dólares, cuando en los primeros meses del año ha llegado a un promedio de 75 dólares y se supone que seguirá subiendo. Simplemente con el nivel observado, el SPNF incrementará su presupuesto en unos 200 millones de dólares lo que disipa los temores de tener déficit. Las reservas para hacer frente a gastos imprevistos llegan a mil millones de dólares, mientras que el SPNF tiene recursos sin utilizar de las gestiones pasadas que sobrepasan los mil quinientos millones de dólares.

Comprar un avión para el Presidente de uno de los países más pobres del mundo es un lujo que no es bien visto ni al interior ni al exterior de Bolivia. Algo similar puede decirse sobre el presupuesto de las fuerzas armadas y las manifestaciones del deseo del gobierno de incrementarlo más aún comprando armamento moderno de Rusia.

Como principios básicos del gasto en épocas de cambio debería asumirse la prelación del gasto en capital humano, la generación de fuentes sostenibles de ingresos para las familias y la creación de empleos, en un ambiente de eficiencia, equidad y transparencia y retomar la costumbre olvidada hace 4 años de discutir y aprobar el Presupuesto en el órgano legislativo y transparentarlo frente a la opinión pública pues, caso contrario, la responsabilidad del manejo de tan importantes sumas recae sólo en unas pocas personas.