por Carlos Hugo Laruta Bustillos

La Justicia Comunitaria (JC), llamada equivocadamente justicia indígena, es una forma de resolver conflictos en las comunidades rurales del país. Los conflictos menores, pequeñas rencillas interpersonales por antipatías, problemas leves entre esposos, disputas familiares por pequeñas razones, daños pequeños a la propiedad agrícola o pecuaria, hurtos y robos menores, pequeñas dificultades de linderos y problemas semejantes son atendidos por la Autoridad Comunal Tradicional –ACT- (Mallcus –por la vía del Jalja Mallcu, el Jilanco, o Mallcu de Justicia-, o el Sindicato agrario –por la vía del Secretario de Conflictos).

Estos conflictos se resuelven por la conciliación y acuerdo de partes y con procedimientos más o menos sencillos, y pocas veces se resuelven con violencia o se derivan a la decisión de la asamblea comunitaria. Esto es lo común y está reconocido en el Código de Procedimiento Penal.

Pero la JC tiene límites claros que el indigenismo radical no lo quiere entender. La JC no atiende problemas mayores y más graves, como robos importantes y agravados, filiación o reconocimiento de hijos, mantención familiar, violencia intrafamiliar, problemas de linderos, sucesión hereditaria de tierras y propiedades, posesión de tierras, y delitos graves como asesinatos. Incluso los homicidios son considerados graves en las comunidades. Estos problemas son derivados – por la sensatez y sentido común de los comunarios- hacia la autoridad estatal pertinente: Policía, Juzgados, Fiscalía, Defensorías de la Niñez y Mujer, INRA, etc. que –aun con limitaciones- tiene los mecanismos y procedimientos institucionales para atenderlos. Esto es también lo común.

Los Linchamientos son acciones colectivas de turbas o multitudes circunstanciales, urbanas o rurales, que bajo la influencia de líderes momentáneos canalizan la tensión social hacia un severo castigo y/o la muerte de una o varias personas acusadas de algún supuesto delito. Los Linchamientos son asesinatos realizado en turba circunstancial.

Pero la muerte de personas en comunidades indígenas adquiere otro sentido cuando se respalda en la organización campesina y la Autoridad Comunal Tradicional. Esto no es lo común; es extraordinario, pero se va volviendo frecuente. En el área rural de Uncía, al parecer se produjo una combinación explosiva entre campesinos molestos por supuestas muertes los últimos años, la supuesta permanente extorsión de la Policía, la autoridad indígena de los ayllus con una “autoestima muy alta” que cree que está ejerciendo justicia indígena, y se complica y agrava más cuando a esto se añade un fuerte flujo económico vinculado al contrabando de vehículos y la presencia del narcotráfico en el área.

La idea constitucional (del indígenismo radical del MAS) de comunidades indígenas perfectas e intocadas por la historia, con su “propio sistema jurídico, político, cultural, religioso, y su propia cosmovisión”, es una exageración total y fuera de contexto. El ejemplo es claro: la autoridad indígena de los ayllu de Uncía fue al parecer crucial en lo ocurrido, en la detención de los policías por más de 24 horas, en su tortura y en la decisión de su muerte. Posteriormente, y actuando como un “superestado”, las autoridades indígenas ponen condiciones a la investigación de las muertes y limitan la autoridad Estatal incluso para que ingrese a “su territorio”. Solo falta que el Estado “plurinacional” solicite acreditar su embajador ante las autoridades de los ayllus.

Lo sucedido, entonces, repone en el debate nacional varios temas: a) los límites confusos entre Justicia Comunitaria/Indígena y Linchamiento, b) la presencia/ausencia de la autoridad y la Ley nacional en el territorio y los límites precisos de la autoridad indígena que reivindica su fuero especial e independencia respecto de la autoridad del Estado nacional, c) el aumento del tráfico de cocaína –por el incremento en la producción de coca- que es otra irresponsabilidad del MAS que fomentó la ampliación de las hectáreas de cultivo, y d) el tolerado contrabando vinculado –en varios casos- al lavado de capitales provenientes del delito. Hoy, hay responsables políticos respecto de estos temas.

La Fiscalía, la Policía y los Jueces dirán lo suyo en lo de Uncía. Pero, al no aclarar hasta hoy la muerte de otras 2 personas hace poco tiempo en Omasuyos, el Estado “plurinacional” está ya en desventaja frente al Estado nacional plural que el 2004 resolvió un caso semejante, aunque no igual, cuando ocurrió la muerte del Alcalde de Ayo Ayo, donde estuvieron involucrados algunos dirigentes originarios y del sindicato agrario, incluso un actual Asambleísta Departamental del MAS en La Paz.

Lo fundamental en todo esto, es entender cabalmente el contexto de interculturalidad ya existente en Bolivia y los riesgos que implican las exageraciones indigenistas para la vigencia de la autoridad y la Ley nacional.