por Flavio Machicado Saravia

La atención de la política y de una parte de la sociedad, pese a que todos votaron en una proporción de más del 80%, está concentrada en lo que ocurrirá en la ciudad de Sucre, donde el Presidente posesionará a los 9 flamantes Gobernadores, antes Prefectos del Departamento, que eran habilitados para ejercer su funciones por las Cortes Superiores de Distrito, dependientes del entonces Poder Judicial, ahora denominado Órgano Judicial.

Sin embargo, lo que interesa averiguar es si realmente estamos frente a un efectivo proceso de cambio, donde se trasfiere parte del poder administrativo del Estado o de un proceso en el que simplemente hay un cambio de maquillaje, hasta llegar al absurdo puramente semántico.

No hay duda que desde hace 40 años, se ha dado un proceso de evolución, aunque éste no sea percibido completamente. En efecto, hasta que se dio la “Ley de Bases del Poder Ejecutivo” en la que, luego de casi un siglo de establecida la República, se delineo una estructura integral del Poder Ejecutivo, los Prefectos del Departamento dependían del Ministerio de Gobierno, como una especie de  extensión del poder represivo del gobierno, en su calidad de administrador del monopolio de la fuerza, ejercida especialmente por la policía. Desde ese entonces, los Prefectos pasaron a depender directamente del Presidente de la República, para ser una extensión del gobierno y, en consecuencia, actuar en el ámbito Departamental en su nombre, en su calidad de representantes políticos. En tanto, el Ministerio de Gobierno cambio de nombre, por el de Ministerio del Interior, no como una cuestión meramente semántica, sino con la intención de crear una instancia de articulación y negociación política, debiendo cumplir el nuevo Ministro, un papel más conciliador, que represor político.     
En ese mismo contexto, surgieron las Corporaciones de Desarrollo, que fueron una evolución del Comité de Obras Públicas de Santa Cruz, que estaba pavimentando las regalías petroleras y de los propios Municipios, que no podían cumplir con sus elementales tareas. Estas Corporación, que tenían que ser los instrumentos de las Prefecturas para impulsar el desarrollo departamental, en algunos casos la opacaron, pasando a ser instrumentos de los poderes factuales regionales, aunque generando, de todas maneras, una nueva dinámica en la economía regional. Proceso que fue cambiado por la acción de los Municipios, que nuevamente, con la Participación Popular, no solo las desaparecieron, sino que concentraron la atención preferente del Estado, que al transferir un 25% de los tributos, provocó, en cierto modo, cambios, esta vez en una base más ancha de la sociedad, aunque nunca dejo de revertirse la migración hacia la Capital Departamental. Creció también el número de municipios y surgió, como por arte de magia, la vocación “municipalista”, ya que no era necesario cobrar más impuestos o, simplemente, tampoco era necesario preocuparse de este tema, en aquellos lugares donde no existen.   
Con la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, se pretendió extender el brazo operativo del Estado hacia las regiones (Departamentos), que en ese entonces había dejado de participar en el terreno económico, creando los Servicios Departamentales, que venían a ser los instrumentos de acción en el campo de la educación, salud, establecimiento de la infraestructura y todas aquellas tareas necesarias para apoyar a los actores económicos y sociales, que debían ser los principales protagonistas de desarrollo en el ámbito local, regional y nacional. Pero, la falta de comprensión de los administradores del centralismo (Ministros y demás burócratas) fueron los principales obstáculos de este proceso, ya que al no sentirse capaces de normar y de generar políticas públicas, querían seguir asentando su poder en la administración de los recursos y programas, sin dar lugar a su descentralización, que era la base de la nueva administración.
Con los buenos precios internacionales y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) volvió a caer otro “maná del cielo” y, con ello, se reavivo el “espíritu autonomista” que volvió a flor de piel, para constituirse nuevamente en una bandera, pero no solo de reivindicación regional, sino de lucha política, convirtiendo este proceso de transferencia de algunas competencias administrativas, en una “revolución social”, con un confuso panorama, por la presencia de otras autonomías donde no están precisados los límites y jurisdicción, que obviamente provocará enfrentamientos, que solo traerá nuevo conflictos, con la consecuente paralización del aparato productivo del país y de su propio desarrollo.
Otra vez se confunde Estado con Gobierno, responsabilidad pública con responsabilidad social, a sabiendas que sin una base económica sólida, no solo se pierde el poder, sino también la soberanía. Este país, necesita que los verdaderos héroes sean los que produzcan riqueza, apoyados por auténticos administradores del bien común y no por mesías, que acumularon poder por la coyuntura externa o por el apoyo de intereses que son ajenos a nuestro propio destino. Las regiones deberían buscar sus propias fuentes de sostenimiento público, en tanto, sus sociedades deben lograr propia autonomía económica empresarial, que es la única base para una autonomía regional y nacional.